La construcción de dos nuevas líneas del Cablebús y de 13 Utopías en la Ciudad de México enfrenta 28 juicios de amparo, de acuerdo con el Segundo Informe de Actividades de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), que será presentado este viernes ante el Congreso capitalino. Los procedimientos judiciales colocan bajo revisión legal distintos aspectos de los proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno de Clara Brugada.
Del total de recursos, 18 están relacionados con el Cablebús y 10 con las 13 Utopías proyectadas. La Consejería Jurídica informó que participa en la defensa de las obras para sostener la legalidad de las decisiones administrativas y evitar que eventuales resoluciones judiciales interrumpan su ejecución.
En el caso del Cablebús, los amparos corresponden a los proyectos de las líneas 4 y 5, actualmente en construcción. La primera conectará Tlalpan con Ciudad Universitaria, mientras que la segunda enlazará Magdalena Contreras con la estación Mixcoac del Metro.
Para 2026, el Gobierno capitalino contempla una inversión multianual superior a los 4 mil 559.7 millones de pesos para estos proyectos. La administración sostiene que la infraestructura permitirá ampliar las alternativas de transporte público y mejorar la conectividad en zonas con dificultades de movilidad.
Sin embargo, la existencia de 18 juicios de amparo refleja que los proyectos también enfrentan controversias en el ámbito judicial. El informe presentado por la Consejería Jurídica no identifica a las personas u organizaciones promoventes, ni especifica cuáles son los argumentos legales que sustentan cada demanda.
Respecto a las Utopías, la dependencia reportó otros 10 juicios de amparo vinculados con la construcción de 13 de estos espacios comunitarios, uno de los principales programas de infraestructura social de la actual administración capitalina. Para 2026, el presupuesto destinado a estas obras asciende a 2 mil 500 millones de pesos.
La Consejería Jurídica señaló que coordina la defensa legal con las autoridades encargadas de ejecutar los proyectos. No obstante, tampoco se detallan en la información disponible las ubicaciones específicas involucradas en los litigios, las posibles afectaciones señaladas por los demandantes o las etapas procesales en que se encuentra cada expediente.
El juicio de amparo es un mecanismo constitucional mediante el cual personas físicas o morales pueden solicitar la protección de la justicia federal frente a posibles violaciones de sus derechos por actos de autoridad. En proyectos de infraestructura, las controversias pueden estar relacionadas con procedimientos administrativos, propiedad, uso de suelo, impactos ambientales o derechos de participación ciudadana.
La presentación de un amparo no significa, por sí misma, que una obra sea ilegal ni implica necesariamente su suspensión. Para determinar si un proyecto puede continuar, modificarse o detenerse, es necesario conocer las resoluciones judiciales y si los jueces concedieron medidas cautelares o suspensiones provisionales o definitivas.
El dato de los 28 procedimientos abre interrogantes sobre el desarrollo jurídico de dos de las principales apuestas de infraestructura de la administración capitalina. La información sobre los promoventes, las causas de las demandas y las resoluciones emitidas será fundamental para dimensionar el alcance de los litigios y conocer si tendrán consecuencias sobre los calendarios de construcción.
Fuente: Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Segundo Informe de Actividades; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley de Amparo.
