El abandono y la omisión de cuidados contra niñas, niños y adolescentes podrían recibir sanciones más severas en la Ciudad de México. Una iniciativa presentada en el Congreso capitalino propone aumentar las penas de prisión para madres, padres, tutores y responsables de la custodia que incumplan sus obligaciones de protección y coloquen en riesgo la integridad o la vida de menores de edad.
La propuesta fue presentada por la diputada de Morena, Adriana Espinosa de los Monteros García, quien planteó reformas a diversas disposiciones del Código Penal de la Ciudad de México para reconocer y sancionar con mayor rigor las conductas de negligencia grave, deliberada o reiterada que afecten el desarrollo y la seguridad de la infancia.
Durante la sesión ordinaria del 10 de noviembre, la legisladora argumentó que la violencia contra menores no necesariamente se manifiesta mediante agresiones físicas, sino también a través de la falta de alimentación, atención médica, supervisión y acceso a la educación. Señaló que estas omisiones pueden generar consecuencias graves, aunque no dejen lesiones visibles.
Uno de los principales cambios consiste en incrementar la pena mínima por abandono u omisión de cuidados. Actualmente, de acuerdo con la iniciativa, las sanciones van de tres meses a tres años de prisión; con la reforma, el rango comenzaría en seis meses y conservaría el máximo de tres años cuando no existan lesiones o daños a los menores.
El proyecto también contempla duplicar las penas cuando las víctimas sean niñas y niños menores de 12 años, al considerar que este grupo tiene mayores condiciones de dependencia y menos posibilidades de protegerse por sí mismo. En esos casos, las sanciones quedarían establecidas entre uno y seis años de prisión.
Otro de los puntos relevantes es otorgar facultades a las autoridades judiciales para decretar la pérdida, suspensión o restricción de la patria potestad, tutela o custodia de menores de 18 años cuando se acrediten conductas graves de negligencia.
La iniciativa establece que podrán considerarse formas de negligencia grave la privación intencionada o reiterada de alimentos, la falta de atención médica urgente, el incumplimiento de la educación obligatoria y la ausencia de supervisión física cuando estas conductas representen un peligro para la integridad de niñas y niños.
Espinosa de los Monteros sostuvo que el objetivo no es criminalizar la pobreza ni las dificultades económicas que enfrentan numerosas familias, particularmente aquellas encabezadas por mujeres, sino sancionar las omisiones que representen un riesgo real para la infancia.
En ese sentido, el proyecto plantea que la precariedad económica no constituya por sí misma un delito, salvo cuando exista una conducta dolosa, negligente, grave o reiterada que ponga en peligro la salud, integridad o vida de los menores.
Durante su exposición, la diputada señaló que el 28 por ciento de los reportes de menores en situación de riesgo corresponde a casos de omisión de cuidados o abandono. También hizo referencia a reportes de servicios de emergencia relacionados con recién nacidos y lactantes encontrados en espacios públicos, así como menores que permanecen encerrados sin atención adecuada.
La legisladora argumentó que el interés superior de la niñez, establecido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe traducirse en medidas concretas de protección y no limitarse a un principio enunciativo.
Sin embargo, el endurecimiento de las penas representa solamente una parte del problema. La prevención del abandono infantil también requiere fortalecer los mecanismos de atención social, los servicios de cuidado, el acompañamiento a familias en situación vulnerable y la capacidad institucional para detectar oportunamente situaciones de riesgo.
La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, donde será analizada y dictaminada.
Por el momento, se trata de una propuesta legislativa y no de una reforma aprobada. Su eventual aplicación dependerá del análisis de las comisiones y del proceso legislativo correspondiente en el Congreso capitalino.